Cuando la Tecnología Desafía la Democracia: El Caso del Referéndum por Uber en Bariloche

La irrupción de plataformas tecnológicas en el sector del transporte urbano ha generado debates y conflictos regulatorios en ciudades de todo el mundo. En Argentina, este desafío no es ajeno, y un reciente pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro nos ofrece una valiosa reflexión sobre la legitimación para accionar judicialmente cuando los intereses de los sectores tradicionales se ven afectados por la modernidad digital.

1) Breve Resumen del Caso

El caso se originó a partir de una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación Civil de Propietarios de Automóviles Taxímetros (Apat) de San Carlos de Bariloche. Esta asociación buscaba impugnar tres resoluciones dictadas por el Intendente Municipal de San Carlos de Bariloche, las cuales convocaban a un referéndum popular. El motivo subyacente de la controversia era la implementación de plataformas electrónicas de transporte urbano, como Uber o Cabify, que, según Apat, afectaban directamente la actividad y el patrimonio de sus asociados, prestadores del servicio de taxi.

Apat argumentó que el Poder Ejecutivo Municipal había dictado estos actos sin la intervención del Concejo Deliberante, lo que, a su juicio, violaba principios fundamentales como la soberanía popular, la democracia indirecta y la división de poderes, consagrados en las Constituciones Nacional, Provincial y en la Carta Orgánica Municipal.

2) Juzgado o Tribunal Interviniente

La sentencia definitiva, identificada como Sentencia 147, fue dictada por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, a través de su Secretaría de Causas Originarias y Constitucionales STJ Nº4. La resolución tuvo lugar en Viedma el 08 de septiembre de 2025. Los jueces Ricardo A. Apcarian, Liliana L. Piccinini y Sergio G. Ceci fueron quienes intervinieron en la decisión, adhiriendo la Dra. Piccinini y el Dr. Ceci a los fundamentos expuestos por el Dr. Apcarian. Los jueces Sergio M. Barotto y María Cecilia Criado se abstuvieron de emitir opinión. El expediente llevaba el número VI-00031-O-2025.

3) Decisión Tomada

La Asociación de Propietarios de Automóviles Taxímetros (Apat) presentó una acción de inconstitucionalidad para solicitar que se declarara la inconstitucionalidad de las Resoluciones N° 1453-I-2025, 1459-I-2025 y 1589-I-2025, dictadas por el Intendente Municipal, que convocaban a un referéndum popular. Apat sostenía que estas resoluciones constituían un gravamen, ya que invadían las facultades del Concejo Deliberante y vulneraban el sistema representativo, republicano y federal.

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazó la demanda en esta instancia inicial. La principal razón para esta decisión fue que la demanda no planteaba un "caso, asunto o caso contencioso concreto" que habilitara la intervención del Tribunal a través de la vía excepcional elegida.

El Tribunal sostuvo que Apat no logró acreditar un perjuicio directo, actual y concreto que las resoluciones impugnadas causaran a sus derechos individuales o a los de la asociación que representaba. Recordó que la legitimación procesal para una acción de inconstitucionalidad exige que el accionante tenga un "interés inmediato y sustancial", un "daño o agravio directo, real e inmediato", y no meramente hipotético o conjetural. La defensa de la legalidad por la legalidad misma no es suficiente para habilitar la declaración de inconstitucionalidad. Además, se señaló que las resoluciones convocaban a un referéndum sobre "múltiples proyectos de diversa índole", no solo el relacionado con el interés de Apat, y que la invocación de la calidad de "ciudadanos" no confiere legitimación para demandar.

En consecuencia, el Tribunal declaró que, si bien el caso se enmarcaba en una acción de inconstitucionalidad de su competencia originaria, la demanda debía ser rechazada por las razones expuestas. Las costas del proceso fueron impuestas a la parte accionante.

4) Temática Novedosa en Relación a la Tecnología

La temática novedosa en este fallo no reside en el uso de la tecnología dentro del proceso judicial en sí, sino en el objeto subyacente de la controversia: la gestión y regulación de plataformas electrónicas de transporte urbano (Uber, Cabify u otras). Estas plataformas representan una disrupción tecnológica que impacta directamente en el sector tradicional del transporte público de pasajeros, generando conflictos económicos y regulatorios.

El caso ilustra el desafío que enfrentan los gobiernos locales para integrar estas nuevas tecnologías en los marcos legales existentes, y cómo las tensiones resultantes pueden llevar a la búsqueda de mecanismos de participación ciudadana, como los referéndums, para definir su futuro. La novedad radica en la necesidad de los distintos poderes del Estado de adaptarse y responder a la rápida evolución tecnológica, que desafía las estructuras regulatorias y los modelos de negocio tradicionales, y cómo esto puede traducirse en complejos litigios constitucionales sobre la competencia y legitimidad de los órganos de gobierno para tomar decisiones en este nuevo entorno digital.

5) Tres Preguntas a Modo de Reflexión

1. ¿Cómo pueden los sistemas jurídicos y las instituciones democráticas (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y mecanismos de participación directa) articular respuestas eficaces para regular las innovaciones tecnológicas disruptivas, como las plataformas de transporte, sin caer en conflictos de competencias o en la inacción, y garantizando la seguridad jurídica y la igualdad de condiciones?

2. Ante la creciente digitalización de la economía y la sociedad, ¿cuáles son los criterios óptimos para determinar la "legitimación procesal" de los actores afectados (asociaciones de profesionales, consumidores, empresas tecnológicas) que buscan proteger sus intereses frente a nuevas regulaciones o su ausencia, especialmente cuando el impacto es amplio y multifacético?

3. ¿De qué manera la intervención judicial en disputas relacionadas con la gobernanza de plataformas digitales puede equilibrar la necesidad de proteger principios constitucionales (como la división de poderes) con la urgencia de adaptarse a los cambios tecnológicos y las demandas sociales, sin que el formalismo procesal obstaculice la resolución de cuestiones de interés público?

Boletin Legaltech fallo Uber_RN

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Nota: Contenido generado utilizando NotebookLM