Geolocalización y "BYOD" en el Estado: La Justicia porteña frena el control por dispositivos personales

Prosecretaría de Políticas Digitales FCJyS-UNLP
hace 2 horas
3 min de lectura

En un contexto de creciente digitalización de la administración pública, la tensión entre el poder de organización del empleador y la privacidad de los trabajadores ha llegado a los tribunales porteños. Un reciente fallo analiza los límites de la modernización tecnológica cuando esta colisiona con el derecho a la intimidad y las formas administrativas básicas.

1) Breve Resumen del Caso

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) interpuso una medida cautelar autónoma contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) para suspender la implementación del sistema "Hoja de Ruta Electrónica" (HRE) y su herramienta vinculada, "FICHE". Este sistema de geolocalización obliga al personal que realiza tareas en la vía pública o en distintos domicilios a registrar su asistencia y actividades mediante el uso de sus propios dispositivos móviles personales. El sindicato denunció que la medida fue impuesta de forma intempestiva, sin negociación colectiva, sin resguardos claros sobre la protección de datos personales y obligando a los trabajadores a costear la conectividad y el equipamiento para fines laborales.

2) Juzgado o Tribunal Interviniente

La resolución fue dictada por el Juzgado de 1ra Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Victor Rodolfo Trionfetti.

3) Decisión Tomada

El magistrado resolvió hacer lugar a la medida cautelar y suspender la aplicación obligatoria de las herramientas HRE y FICHE para todos los trabajadores del GCBA afectados. El fundamento central de la decisión no fue solo la posible afectación a la intimidad, sino la existencia de una vía de hecho administrativa. El tribunal determinó que, aunque el GCBA alegó facultades de modernización, no existe un acto administrativo formal que ordene específicamente a los trabajadores el uso de sus celulares personales para el registro de asistencia, un "eslabón imperativamente exigido por el sistema republicano". Se intimó a ATE a presentar la demanda de fondo en un plazo de diez días.

4) Temática Novedosa en Relación a la Tecnología

El fallo resulta disruptivo al abordar el fenómeno del Bring Your Own Device (BYOD) en el sector público y sus implicancias legales:

Geolocalización como control laboral: Se analiza si un sistema que activa el GPS de forma manual en el momento del "fichaje" constituye un seguimiento invasivo o una herramienta legítima de organización.
Vía de hecho digital: El juez destaca que la implementación de tecnología en el Estado no puede realizarse mediante "campañas de comunicación" o mensajes de WhatsApp si falta el respaldo de un acto administrativo previo que valide la carga impuesta al trabajador de usar su propio patrimonio (el celular) para la función pública.
Protección de datos en la administración centralizada: La sentencia pone bajo la lupa la integración de datos de geolocalización en sistemas de recursos humanos (como el SIAL-Meta 4), cuestionando quién accede a esa información y bajo qué protocolos de seguridad.

5) Tres Preguntas a Modo de Reflexión

¿Puede el Estado, en aras de la "despapelización", exigir que los agentes públicos utilicen sus activos privados (datos, batería y hardware) para el cumplimiento de tareas oficiales sin una compensación o marco regulatorio previo?
Ante el avance de la "gestión algorítmica" del trabajo, ¿cómo deben reconfigurarse las garantías de los trabajadores para evitar que la eficiencia técnica se convierta en una regresión de derechos fundamentales?
¿Representa el "consentimiento voluntario" una base legal válida en el empleo público para el uso de apps de geolocalización, o la asimetría de la relación laboral lo torna irrelevante?